¡De todos depende que algún día podamos ver nuestro río limpio!
El saneamiento del Río Medellín es un proyecto que requiere de la colaboración de todos los habitantes del Valle de Aburrá, en especial de las industrias las cuales aportan la mayor cantidad de contaminantes al río.
Por esta razón y para ayudar al financiamiento del proyecto desde 1997, cuando entro en vigencia el Decreto 901, que reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta, del agua como receptora de vertimientos, el control de los residuos ha sido más estricto, pues obliga a todas las industrias a pagar estas tasas de acuerdo al volumen y tipos de vertimientos de aguas residuales y por otra parte las empresas que no están conectadas a los sistemas de colectores e interceptores de Empresas Públicas de Medellín (EPM), deben acogerse a las medidas que tome el Área Metropolitana, autoridad ambiental de la ciudad.
El Decreto 901 estableció controles sobre dos tipos de sustancias, llamadas Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).
En la actualidad, 40 empresas, incluida EPM, pagan por verter en el río sustancias previamente tratadas, de acuerdo a las normas establecidas. En promedio, cancelan $330 millones mensuales, cerca de $4.000 millones al año.
También existen prohibiciones en cuanto a vertimiento de residuos líquidos en las calles, calzadas, y canales o sistemas de alcantarillado de aguas residuales.