Saúl Pineda Hoyos

Director Centro de Pensamiento – Universidad EIA

16 de octubre de 2024

Este año, el Premio Nobel de Economía ha sido otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por su influyente trabajo sobre el impacto de las instituciones políticas y económicas en el desarrollo y la prosperidad de los países. Su investigación ha sido clave para entender cómo las estructuras institucionales determinan el progreso económico, y sus aportes tienen especial relevancia para Colombia.

Acemoglu y Robinson (2012) son conocidos por su enfoque del «institucionalismo político», según el cual las instituciones políticas son las que, en última instancia, determinan la configuración y el éxito de las instituciones económicas. Aunque las instituciones económicas juegan un rol fundamental para el desarrollo de un país, los autores sostienen que son las instituciones políticas las que definen los incentivos, permitiendo o bloqueando el acceso a oportunidades económicas para la mayoría de la población. Las instituciones políticas inclusivas garantizan derechos de propiedad y acceso a oportunidades económicas no solo para la élite, sino también para la mayoría de la sociedad. En contraste, las instituciones extractivas están diseñadas para extraer riqueza de una parte de la población en beneficio de un grupo reducido.

James A. Robinson, uno de los galardonados, ha estudiado a fondo la historia política y económica de Colombia. En colaboración con Acemoglu, Robinson coescribió el libro Why Nations Fail (Por qué las naciones fracasan), donde se examina cómo las instituciones extractivas perpetúan la pobreza y la desigualdad, en contraste con las instituciones inclusivas que fomentan el crecimiento y la prosperidad. En este contexto, su investigación sobre Colombia ha permitido identificar los desafíos históricos que enfrentan sus instituciones en la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible.

Uno de los temas centrales en su análisis es la fragmentación del poder político y las desigualdades regionales, que afectan la capacidad de Colombia para implementar reformas estructurales. Esto es evidente en áreas rurales, donde las instituciones estatales a menudo son débiles y la falta de inclusión económica perpetúa conflictos sociales y pobreza estructural. Robinson ha argumentado que la consolidación de instituciones más inclusivas en estas regiones no solo es necesaria para mejorar la calidad de vida, sino también para garantizar la estabilidad política a largo plazo.

La comparación entre Colombia y Corea del Sur resulta particularmente esclarecedora dentro de este enfoque. Corea del Sur logró construir instituciones económicas inclusivas a largo plazo, fomentando la inversión, el comercio y la educación. Desde la perspectiva de Acemoglu y Robinson (2012), el país asiático avanzó gracias a un sistema político que promovió políticas de inversión en capital humano y tecnología, mientras impulsaba la industrialización y las exportaciones. Además, Corea del Sur ha establecido un marco regulatorio robusto que garantiza el cumplimiento de contratos, protege los derechos de propiedad y genera confianza para la inversión. Este tipo de instituciones han permitido a Corea del Sur transformarse en una economía avanzada, aprovechando la capacidad estatal para imponer el orden y crear condiciones favorables para el crecimiento sostenible.

Por otro lado, Colombia ha sufrido las consecuencias de instituciones extractivas en amplias regiones del país, donde actores como guerillas, paramilitares, grupos criminales y políticos corruptos han mantenido el control, impidiendo el desarrollo inclusivo. Aunque Colombia ha contado con elecciones democráticas durante décadas, Acemoglu y Robinson subrayan que las instituciones políticas no han sido suficientemente centralizadas ni efectivas para ejercer control en todo el territorio. Si bien en algunas ciudades importantes se han desarrollado instituciones más inclusivas que han permitido avances en educación, emprendimiento y capital humano, gran parte del país sigue caracterizada por la falta de control estatal y la existencia de instituciones extractivas, que perpetúan la desigualdad y la violencia.

De acuerdo con estos autores, en vastas zonas rurales del país, las instituciones extractivas permiten que grupos ilegales sean la única autoridad, lo cual impide que el Estado pueda proporcionar servicios básicos y asegurar el bienestar de la población. Este contraste muestra cómo las decisiones políticas e institucionales a largo plazo marcan la diferencia en el desarrollo de una nación. Mientras que Corea del Sur ha logrado consolidar un Estado fuerte con capacidad de fomentar el crecimiento, Colombia sigue luchando por superar décadas de fragmentación institucional que limitan su potencial de desarrollo inclusivo y equitativo.

Por su parte, los galardonados Acemoglu y Johnson han abordado cómo las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la economía global. Acemoglu ha advertido sobre el riesgo de que estas innovaciones exacerben la desigualdad si no se acompañan de reformas políticas que aseguren una distribución más justa de los beneficios tecnológicos. Para Colombia, estos desafíos son particularmente relevantes debido a los altos niveles de informalidad laboral y desigualdad regional, que dificultan la implementación de políticas efectivas para una mayor inclusión en el mercado laboral y la reducción de las brechas económicas.

El reconocimiento a estos tres economistas subraya la importancia de diseñar instituciones inclusivas para superar la trampa de la pobreza y promover un crecimiento equitativo. En el contexto colombiano, su trabajo invita a repensar las políticas públicas desde una perspectiva institucional que priorice el fortalecimiento de la democracia, el acceso equitativo a oportunidades económicas y la reducción de brechas regionales. Este enfoque no solo contribuiría al bienestar de sus ciudadanos, sino que también garantizaría la estabilidad y la prosperidad en el largo plazo.

Es cierto que el actual gobierno ha puesto la agenda de la inclusión y la equidad sobre la mesa del debate nacional, reconociendo la importancia de reducir las desigualdades históricas en el país. Sin embargo, el desafío radica en cómo lograr estos objetivos a través de unas instituciones verdaderamente inclusivas. La construcción de dichas instituciones requiere un cambio profundo que trascienda las reformas superficiales, pero con un enfoque claro en garantizar derechos de propiedad, seguridad jurídica, defensa de la iniciativa privada y acceso equitativo a oportunidades económicas para la mayoría de los ciudadanos.

Hoy, en medio de la compleja transición que vive Colombia, el planteamiento de Acemoglu y Robinson adquiere una vigencia renovada. Sus teorías destacan la importancia de fortalecer las instituciones políticas como base para un desarrollo económico sostenible y equitativo. En un país donde persisten grandes desigualdades regionales y sociales, la adopción de un enfoque más inclusivo en la toma de decisiones podría ser clave para asegurar una mayor cohesión social y estabilidad a largo plazo. Resulta, por lo tanto, evidente que los avances en esta dirección solo serán posibles sobre la base de un profundo respeto del marco institucional vigente, que constituye la base de transformaciones ciertas, legítimas y sostenibles.