El pasado 11 de junio de 2025, se llevó a cabo en Medellín el lanzamiento del Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2025, una iniciativa liderada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Universidad EIA, Proantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La jornada se abrió con las palabras de Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), quien reiteró la importancia del IDC como un instrumento técnico y colaborativo de gran valor para el desarrollo territorial. En sus palabras, Maiguashca destacó que este índice representa uno de los mayores orgullos del Consejo y reafirmó su convicción de que la construcción de competitividad territorial debe ser entendida como un esfuerzo colectivo, orientado al bienestar ciudadano. Haciendo un llamado a la unidad nacional, resaltó que las diferencias deben tramitarse en paz, especialmente en un contexto de creciente polarización y violencia.

Desde una perspectiva empresarial, Natalia Figueroa, vicepresidenta de Proyección Corporativa y Entorno de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, señaló que el IDC debe invitar a una reflexión profunda sobre las brechas existentes entre regiones y cómo la articulación entre sectores es el camino para cerrarlas. Recalcó que Antioquia ha sido ejemplo de colaboración entre gobierno, empresa y academia, y que este tipo de ejercicios técnicos permiten trazar rutas hacia la equidad y la generación de empleos de calidad. Subrayó también el papel del índice como generador de confianza para la inversión y como motor de diálogo estratégico entre los actores territoriales.

Por su parte, Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, institución académica aliada en la elaboración del IDC, puso de relieve el valor del índice como catalizador de políticas públicas basadas en evidencia. Agradeció a los gobiernos locales por su participación activa y enfatizó que cada indicador construido es una oportunidad para conectar sectores y fortalecer capacidades en los departamentos. El decano concluyó reiterando que la competitividad no puede desligarse de objetivos como la equidad, la justicia y el desarrollo inclusivo.

Buenas prácticas

En la segunda parte del evento, Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, presentó uno de los desarrollos metodológicos más recientes del Índice Departamental de Competitividad (IDC): el repositorio de Buenas Prácticas. Esta iniciativa surge como respuesta a una inquietud recurrente entre los actores regionales tras la publicación del índice: ¿cómo mejorar los indicadores?

Gómez explicó que el IDC no solo es una herramienta de diagnóstico comparativo, sino también una plataforma de diálogo público-privado que permite identificar oportunidades de mejora y fomentar el aprendizaje entre territorios. Bajo esa lógica, el repositorio de Buenas Prácticas recoge experiencias concretas que han demostrado impactos positivos en los 13 pilares del índice. Hasta la fecha, el 50 % de las prácticas documentadas corresponden a esquemas de coordinación entre el sector público y privado, un 37 % son esfuerzos exclusivamente públicos y un 13 % provienen del sector privado.

A continuación, se presentó una selección de buenas prácticas divididas por pilar. Algunos ejemplos destacados incluyen:

• Infraestructura: El Departamento del Cesar formuló un plan vial 2020–2030 que conecta municipios y centros poblados, promoviendo la integración territorial.
• TIC y Educación: Desde Ibagué, el programa Emplea TIC forma mujeres, jóvenes, indígenas y adultos mayores en habilidades digitales, como ciberseguridad y análisis de datos, mediante alianzas con actores internacionales.
• Sostenibilidad ambiental: La experiencia del corredor turístico del río Nima, impulsado por la empresa Smurfit Kappa, articula conservación ambiental y diversificación productiva en el Valle del Cauca.
• Mercado laboral: En Bogotá, la Ruta de Empleabilidad 500 Más conecta empresas con talento local, promoviendo inclusión y formalización laboral desde las políticas públicas territoriales.
• Diversificación productiva: En el Valle del Cauca, la estrategia Valle-Exporta busca expandir mercados de exportación y diversificar destinos, más allá de los tradicionales como EE. UU. y Ecuador.

Antioquia ante la Agenda Nacional de Competitividad

Como parte central del evento, se llevó a cabo el panel “Antioquia ante la Agenda Nacional de Competitividad: Desafíos y Apuestas Estratégicas”, un espacio que convocó a líderes del sector público, privado, académico y gremial para reflexionar sobre el papel de Antioquia en la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la competitividad territorial.

El panel fue moderado por Laura Gallego, vicepresidenta ejecutiva de ProAntioquia, quien dio apertura subrayando que la competitividad no solo debe entenderse como la suma de indicadores, sino como una apuesta colectiva de transformación estructural, orientada al cierre de brechas y la mejora de la calidad de vida. Esta conversación, señaló, interpela a todos los sectores y requiere un enfoque regional para fortalecer la productividad y la equidad.

El primer panelista en intervenir fue el gobernador Andrés Julián Rendón, quien reconoció que el departamento presenta un perfil sólido en competitividad, especialmente en pilares como entorno para los negocios y sofisticación productiva. Sin embargo, insistió en que las disparidades regionales siguen siendo profundas y que “lo más revolucionario en Antioquia hoy es hacer lo básico”: garantizar agua potable, comprensión lectora en primaria y una infraestructura vial funcional. Recalcó que culminar la vía al mar es una prioridad para articular a Antioquia con regiones como Chocó y Córdoba, generando condiciones reales para el desarrollo territorial. En su segunda intervención, el gobernador enfatizó la necesidad de priorizar el acceso a servicios básicos como prerrequisito para el desarrollo. Aseguró que terminar la vía al mar no solo beneficiará a Antioquia, sino que será clave para conectar al país con oportunidades logísticas globales, especialmente mediante Puerto Antioquia.

Seguidamente, Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos y presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA, expuso la visión del sector empresarial. Enfatizó que la competitividad no es un fin en sí mismo sino un medio para mejorar la calidad de vida. Defender la inversión privada —precisó— implica verla como catalizadora de empleo, impuestos y bienestar; de allí el ejemplo de la ampliación del túnel hacia el aeropuerto José María Córdova, proyecto 100 % privado de 2,2 billones de pesos que genera 3 500 empleos y evidencia la alianza Estado–empresa–academia típica de Antioquia. Más adelante, Velásquez profundizó en Antioquia Emergente, ejercicio estratégico que identificó sectores emergentes como industrias creativas, turismo y logística. Destacó que Medellín y Antioquia tienen más nómadas digitales por 100 000 habitantes que ciudades como Madrid o Buenos Aires, y que figuras como Karol G o J Balvin ilustran el potencial exportador cultural del departamento. Insistió en que las regiones deben dotarse de estrategia y priorización, con visión de largo plazo y foco en las capacidades diferenciales.

En su intervención, John Freddy Pulgarín, presidente de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, reforzó la idea del compromiso histórico del sector privado antioqueño con el desarrollo social. Con cifras contundentes, recordó que el 90 % del empleo y el 84 % del valor agregado en la región provienen de empresas privadas. Este peso se expresa en un compromiso continuo con el desarrollo social, ilustrado por iniciativas como el Comité de Infraestructura y la estrategia de clústeres sectoriales, instrumentos que articulan empresas, academia y Estado en torno a actividades de alto valor agregado.

En su segunda participación, Pulgarín detalló cómo la Cámara de Comercio ha traducido los hallazgos de Antioquia Emergente en acciones concretas: la creación de clústeres en turismo, industrias creativas y agroindustria, así como mesas técnicas para vincular conocimiento universitario con retos del aparato productivo. Señaló que Antioquia convive con municipios que tienen niveles de PIB per cápita comparables a países desarrollados, junto a otros con condiciones similares a las de África subsahariana, lo que obliga a actuar de forma simultánea en lo sofisticado y lo esencial.

Por último, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA,  reconoció que el sistema universitario ha sido exitoso en la producción científica, pero que ha fallado en traducir ese conocimiento en innovación efectiva. Hizo un llamado a reformar los incentivos académicos, avanzar hacia una educación más pertinente, flexible y conectada con los desafíos del siglo XXI. Resaltó la urgencia de fortalecer la formación en ciencias básicas, ingenierías y competencias digitales, y concluyó que sin maestros comprometidos y sin apuestas decididas por el talento, la competitividad seguirá siendo una promesa incumplida. En su segunda intervención, propuso cuatro modos de actuación para el sistema educativo: reinvención creativa, innovación aplicada, trabajo colaborativo y audacia institucional. Defendió que Antioquia tiene todo para ser líder en energía —EPM, Celsia, ISAGEN, Ruta N—, pero que necesita traducir ese potencial en programas formativos de alto nivel, especialmente en ingenierías. También abogó por cerrar las brechas aún existentes entre academia y empresa y apostarle a la educación rural y técnica como pilares de largo plazo.

Este panel evidenció que Antioquia cuenta con una institucionalidad robusta, una sociedad empresarial comprometida y una agenda clara de transformación. Pero también que persisten retos profundos que sólo podrán abordarse con visión compartida, inversión estratégica y decisión política. El Índice Departamental de Competitividad es una hoja de ruta, pero su impacto dependerá de la capacidad del territorio para convertir datos en decisiones, prioridades en políticas, y estrategias en bienestar tangible para sus ciudadanos.