13 de junio de 2025 

En el marco de un espacio de reflexión con jóvenes del programa Referentes, un proyecto de formación en liderazgo público promovido por la Alcaldía de Medellín y apoyado por la Universidad EIA, se llevó a cabo un diálogo entre Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento, y Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, sobre los logros y desafíos de los indicadores económicos y sociales del país.  

Este diálogo constituyó una oportunidad para revisar, desde una mirada de largo plazo, los avances alcanzados en Colombia tras más de tres décadas de transformaciones económicas e institucionales, así como para identificar los retos persistentes que enfrenta la sociedad, especialmente en términos de equidad, cohesión social y respuesta a las expectativas de las nuevas generaciones. 

Desde finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, Colombia inició un proceso de apertura económica que supuso un cambio profundo en su modelo de desarrollo. De manera paralela, la Constitución de 1991 consagró al Estado como conductor de la economía, contemplado además la iniciativa privada y la libre competencia como bases fundamentales del desarrollo nacional. Treinta y cinco años después, el país muestra avances notorios en estabilidad macroeconómica, reducción de pobreza y ampliación de coberturas sociales, aunque persisten desafíos vinculados a la percepción social de dichos logros y al crecimiento de expectativas ciudadanas. 

Saúl Pineda resalta que, si bien Colombia ha logrado avances en crecimiento económico estable, control de la inflación y reducción de la pobreza —aunque no tan aceleradamente como otros países de América Latina—, todavía enfrenta importantes retos en materia de inequidad. Aunque la situación social actual es menos desafiante que la vivida en los inicios de los años noventa, muchos jóvenes perciben que el país no ha tenido avances significativos, a pesar de mejoras evidentes en áreas como educación, salud e integración de los jóvenes al empleo.  

Daniel Gómez señala como elemento clave del progreso institucional el consenso público-privado surgido a partir de los noventa. La Constitución abrió espacios para la participación privada en la provisión de bienes públicos y de infraestructura, sentando las bases para un diálogo estructurado y permanente entre sector público y privado, especialmente en temas de competitividad y productividad. Este marco permitió la promulgación de la Ley 100, que combina el papel del Estado y del sector privado en la provisión de servicios sociales. 

Gracias a estos desarrollos, la pobreza monetaria descendió de niveles del 50 % en los años noventa al 37 % antes de la pandemia, mientras que la pobreza multidimensional bajó de 47% a 12%, debido a la disminución de privaciones en vivienda, salud, educación, empleo y acceso a bienes públicos. No obstante, persisten desafíos para acelerar el ritmo del progreso y lograr una mayor equidad territorial, dada la persistencia de brechas regionales en indicadores sociales. 

Ambos coinciden en destacar la fortaleza institucional de Colombia, tanto en términos del equilibrio entre poderes como dentro del propio Ejecutivo, una fortaleza que podría estar en riesgo en la presente transición del país. Gómez subraya la existencia de entidades e instrumentos que permiten mantener continuidad y planeación a mediano y largo plazo, como los documentos CONPES y diversos planes sectoriales, incluyendo el Plan Maestro de Transporte Intermodal, los planes en el sector energético y los planes decenales de salud. Esto ha contribuido a mantener políticas públicas que trascienden los ciclos políticos. 

Sin embargo, a pesar de estos logros, persiste una sensación de insatisfacción social. Gómez explica que, aunque las condiciones materiales han mejorado, las expectativas de la población han crecido aún más rápido, generando una brecha entre lo alcanzado y lo esperado. Un sector significativo de la población ha salido de la pobreza e ingresado a la clase media, pero esta sigue siendo vulnerable a retrocesos, especialmente tras choques externos como la pandemia. Muchos jóvenes acceden por primera vez a la educación superior, pero enfrentan limitaciones al buscar empleo, bien por la baja calidad o la escasa pertinencia de la formación recibida, lo que conduce a frustración y en algunos casos al retorno de sus familias a situaciones de pobreza.  

A esto se suma la disparidad regional, pues si bien la cobertura en salud creció del 27 % en los años noventa al 99 %, persisten amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso real a los servicios. Estas brechas contribuyen a percepciones divergentes sobre la realidad del país y subrayan la necesidad de evitar análisis basados únicamente en promedios, ya que las diferencias internas pueden ser profundas y dejar fuera de los avances a sectores significativos de la población. 

En síntesis, los últimos 35 años han estado marcados por avances sustanciales en materia económica e institucional en Colombia. No obstante, las tensiones sociales actuales reflejan un fenómeno en el cual las expectativas sociales han crecido a un ritmo superior al de los cambios económicos y sociales logrados. Responder a estas expectativas, particularmente las de los jóvenes, requiere instituciones fuertes, capaces de autocrítica y de mantener un marco democrático y plural en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Persisten desafíos, especialmente en la reducción de las brechas regionales y en la creación de oportunidades laborales de calidad, que permitan consolidar los logros obtenidos y evitar retrocesos en bienestar social. Pero es evidente que el país ha logrado en el largo plazo un marco de acción institucional y de cooperación público – privada, con impactos visibles en los indicadores económicos, sociales y culturales, que es necesario fortalecer en la presente coyuntura nacional, a través de una férrea defensa de los principios democráticos y constitucionales. 

Descarga el PDF completo aquí