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La urgencia de diseñar un Plan Colombia 2.0
Claves para avanzar hacia una estrategia renovada de lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento institucional.
Por Guillermo Fernández de Soto, presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), excanciller (1998-2002) y exembajador ante Naciones Unidas.
Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), exembajador y representante alterno ante Naciones Unidas, miembro asociado de la Universidad de Oxford y miembro de la Junta Asesora de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
América Latina enfrenta una nueva ola de crimen organizado que se ha propagado como una pandemia y ha generado serios problemas de seguridad y violencia. En efecto, el Índice de Riesgo Político de América Latina 2025 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ceiuc) les asigna el primer lugar a los temas de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Estos revelan una crisis de seguridad multidimensional, así como la transformación de estructuras criminales en organizaciones cada vez más transnacionales, profesionales e integradas regional y globalmente.
Las mediciones de opinión corroboran este diagnóstico e indican que los latinoamericanos consideran que la seguridad, al igual que el empleo, la salud y el medioambiente, son sus principales preocupaciones.
En el año 2024, más de 121.000 personas fueron asesinadas en la región, constituyéndose en la zona más violenta del mundo, lo cual debe ser no solo un motivo de preocupación, sino una sólida razón para que, desde la política pública, se enfrente esta situación y se brinden soluciones reales.
El crimen organizado tiene un carácter estructural, regional y multinacional. La debilidad de las estructuras de gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado, sumada a la apertura de las economías, la permeabilidad de las fronteras nacionales, el acceso limitado a los servicios sociales básicos y una ciudadanía ‘disponible’ a la vinculación, ofrecen un terreno fértil para que operen las organizaciones criminales con mayor facilidad.
La aproximación al crimen en la región exige, por lo tanto, un esfuerzo multisectorial, multidisciplinario y holístico para su comprensión, atención y resolución. Su foco debe estar puesto en el análisis de los mercados criminales y en los actores criminales que funcionan bajo ‘redes de tráfico’ y sistemas de gobierno paralelo que incluso alcanzan a suplantar al Estado en la provisión de servicios sociales y justicia. En ocasiones, han capturado los gobiernos locales y regionales.
Este fenómeno va más allá de la producción y tráfico de drogas –cuyo énfasis ha primado en las últimas décadas– e incluye nuevas y diversas aristas de las economías ilegales, tales como tráfico de migrantes y trata de personas, armas, minería y otras formas de explotación ilegal de recursos naturales, y delitos financieros y cibernéticos. En pocas palabras, el crimen organizado transnacional ha diversificado su portafolio y redujo su dependencia en un solo ‘producto’.
El caso colombiano
En la actualidad, el país enfrenta una situación muy delicada que está caracterizada por la polarización política, la violencia y la inseguridad, los problemas de orden público, la amplia presencia de bandas criminales en el territorio nacional, a lo cual se le deben sumar el deterioro fiscal, la corrupción generalizada y la fractura de la relación estratégica con EE. UU.
La gravedad de la situación se refleja no solo en las 13.000 muertes violentas por año (2024) y el incremento del número de hectáreas cultivadas de coca (280.000-300.000 aproximadamente). Asimismo, se ha incrementado el número de asesinatos de líderes sociales y el reclutamiento de menores de edad, así como los efectos directos de los cultivos ilícitos en la degradación ambiental.
Las Fuerzas Militares se encuentran debilitadas en su moral y están enfrentando la disminución progresiva de sus miembros (más de 22.000 uniformados han salido desde 2022), el rezago operativo, la falta de inversión y de mantenimiento de equipos, y la disminución de cooperación internacional en materia de seguridad e inteligencia, entre otros. Lo cual ha frenado su capacidad de acción territorial contra el crimen organizado transnacional que se nutre del tráfico de drogas y de las economías ilícitas como la minería, el tráfico de armas, el lavado de activos, la extorsión, la trata de personas, ciberdelitos, entre otros. El Estado ha perdido, por ende, dominio territorial y el monopolio legítimo del uso de la fuerza, mientras los grupos criminales han ganado poder, presencia y recursos.
El crimen organizado en el país se ha sofisticado y ha mutado en corporaciones transnacionales que ponen en riesgo las bases de la institucionalidad democrática y la cohesión del tejido social. Algunas de estas bandas encuentran refugio, apoyo logístico y lucrativos negocios en países vecinos como Venezuela, bajo la complicidad de su régimen autoritario. Mientras tanto, el Gobierno Nacional envía señales erróneas para el combate al crimen organizado y presenta incluso un proyecto de ley para reducir penas a las bandas criminales y lavar sus fortunas mal habidas. Estamos ante una suerte de concubinato con estas organizaciones al margen de la ley, lo cual tiene efectos negativos en el control territorial y la coacción a la población civil, especialmente en la temporada electoral del próximo año. Todo indicaría que crimen y votos harían parte de una misma ecuación: “a menos bala, más votos”.
En términos comparativos, Colombia se encuentra hoy en una situación similar o peor a la del fin del gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), en cuanto a la situación fiscal, narcotráfico, violencia y seguridad, relaciones deterioradas con Estados Unidos y aislamiento mundial. En ese momento, el país estaba descertificado y Washington había revocado el visado a altos funcionarios.
En respuesta a esta situación, el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) diseñó e implementó –hace 25 años– una de las estrategias internacionales más exitosas que haya tenido Colombia para combatir el narcotráfico y sentar las bases para la construcción de la paz, a través del fortalecimiento institucional, la justicia y las fuerzas armadas, la protección de los DD. HH. y el impulso a la inversión social. Esta iniciativa fue fundamental para el trabajo posterior que realizaron los gobiernos de los presidentes Uribe y Santos.
El Plan Colombia fue ejecutado con liderazgo, visión y precisión. Se logró un gran apoyo externo, especialmente de los Estados Unidos, que entendió desde un inicio el valor estratégico de este programa para el futuro democrático del país y la región. La Unión Europea y los países latinoamericanos también se sumaron y aportaron de forma constructiva.
Nuestro mensaje desde el inicio fue claro: “En la medida que Colombia avance en la solución de su conflicto interno, avanzaremos también en la solución de los principales problemas que tiene el país y que son preocupación de la comunidad internacional, como el problema mundial de las drogas, el respeto y la defensa de los derechos humanos y la preservación del medioambiente”.
Esta iniciativa se enmarcó en la denominada ‘Diplomacia por la Paz’ como una estrategia central de la política exterior para que se reconociera que Colombia no podía lidiar sola con problemas internos cuya solución estructural se encontraba atada a una agenda multilateral, bajo el principio de la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas.
Se pasó de las palabras a los hechos. Se fortaleció la democracia, el Estado y las fuerzas armadas; se amplió la inversión social; y se derrotó internacionalmente a la guerrilla con su inclusión en las listas de organizaciones terroristas.
Sobre la base de esta exitosa experiencia, nuestro llamado es a replicar y adecuar creativamente esta experiencia a las circunstancias y retos actuales del país.
La versión 2.0
La situación crítica de gobernabilidad y seguridad, y de crimen organizado transnacional en y desde el país hace necesario plantear el diseño y lanzamiento de un Plan Colombia 2.0, con ocasión del cambio de administración en agosto de 2026, cuyo trabajo debe dirigirse a recuperar la presencia del Estado a nivel nacional, fortalecer las fuerzas armadas y la lucha contra el crimen organizado transnacional, así como promover el desarrollo y la inclusión social. En otras palabras, es necesario poner de nuevo la ‘casa en orden’ para atender y solucionar una situación de crisis múltiple, semejante a bombas de tiempo que están próximas a estallar. No obstante, aún estamos a tiempo de corregir.
Para ello, será fundamental desplegar enormes esfuerzos de cooperación con los principales socios y aliados de Colombia en la región y el mundo, en el marco de una nueva política exterior que contribuya a nuestro desarrollo, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas (‘Diplomacia para el Desarrollo’). Esta aproximación nos permitirá tener las herramientas necesarias para canalizar los recursos de cooperación hacia el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible, los cuales se sumarán a los recursos propios de la nación sobre una base planificada y estructurada.
En esa dirección, será necesario recuperar la relación estratégica con EE. UU., su confianza y cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Igualmente, retomar el trabajo con aliados como la Unión Europea, el Reino Unido, Israel y países de América Latina.
El Plan 2.0 debe permitir no solo luchar contra el problema mundial de las drogas, sino contra el crimen organizado transnacional, que tiene en la región sus tentáculos en países como Ecuador, México, Perú y Venezuela. Adicionalmente, promover la defensa de los DD. HH. y la protección del medioambiente.
Esta estrategia renovada, ahora bajo el principio de la corresponsabilidad en la lucha contra el crimen organizado transnacional, debe incluir varios ejes:
Una estrategia económica para generar un crecimiento mayor y sostenido, y empleos de calidad que permitan contrarrestar las economías ilícitas.
Una estrategia fiscal que permita administrar el alto endeudamiento público, el peso de la deuda externa y recortar los gastos innecesarios del Estado. Mejorar las calificaciones de riesgo es clave para bajar los costos del capital.
Una estrategia productiva para impulsar la transformación del país con el fin de alcanzar una mayor competitividad e impulsar las exportaciones y el acceso a mercados internacionales. Actualizar nuestra infraestructura y promover una educación que esté en línea con la Cuarta Revolución Industrial es vital.
Una estrategia de desarrollo regional y local para impulsar, en el marco de la descentralización, proyectos de alto impacto local en beneficio de las comunidades. Asimismo, promover la participación y el empoderamiento de las comunidades en proyectos locales y garantizar una ejecución transparente.
Una estrategia de desarrollo alternativo que permita sustituir los cultivos ilícitos a través de alternativas que sean económicamente viables y rentables para las comunidades. Igualmente, poner en marcha programas de erradicación, activar las fumigaciones aéreas de precisión y utilizar nuevas tecnologías, drones e inteligencia artificial en la lucha contra las drogas.
Una estrategia de seguridad para fortalecer las fuerzas armadas, su capacidad operativa y de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Una estrategia de justicia y defensa de los DD. HH. para acabar con la impunidad, fortalecer las penas y lograr una justicia que opere con prontitud e imparcialidad. La corrupción deberá ser combatida frontalmente.
Una estrategia ambiental para la protección de nuestra biodiversidad y ecosistemas, que han sido
afectadas o están en riesgo por las economías ilícitas.
Una estrategia de cooperación internacional que permita canalizar nuevos recursos hacia el país, bajo los principios de solidaridad y no injerencia.
Comentarios finales
El Plan Colombia 2.0 deberá ser presentado en agosto de 2026 a nuestros aliados a nivel internacional para asegurar su apoyo, la cooperación técnica y la consecución de fondos, en el marco de la ‘Diplomacia para el Desarrollo’. Este ejercicio demandará una enorme dosis de liderazgo y trabajo en equipo.
A su vez, en el nuevo contexto mundial de geopolítica y geoeconomía, no hay espacio para las improvisaciones. Se necesitan ‘conocimiento y precisión de cirujano’ para una acción exitosa, de acuerdo con Jordi Bacaria Colom, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Cada uno de los pilares y componentes de esta estrategia deben incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con el fin construir políticas de Estado que perduren en el tiempo.
Esta renovada visión contribuirá a recuperar nuestra senda de desarrollo, fortalecer la institucionalidad democrática, luchar contra el crimen organizado transnacional, y recuperar la credibilidad y prestigio internacional del país.
Colombia se juega su futuro ante un delicado cruce de caminos. El país y su gente merecen volver a brillar y vivir en paz y libres de violencia. Todo dependerá de la voluntad política, la unión y el animus societatis.