El debate sobre la reforma pensional se ha encendido en Colombia, desatando pasiones y preocupaciones en igual medida. La radicación de esta propuesta en el Congreso marca un punto de inflexión en la lucha por un sistema de pensiones más equitativo, pero también suscita cuestionamientos sobre su viabilidad a largo plazo y el costo que implica para las futuras generaciones.

La propuesta gubernamental, presentada como la panacea para los problemas pensionales del país, promete una mayor inclusión y protección para los adultos mayores, así como una redistribución más justa de los recursos. Sin embargo, detrás de estas nobles intenciones se esconden sombras de incertidumbre y riesgo fiscal.

Según las estimaciones del mismo Ministerio de Hacienda del actual gobierno, con esta reforma el pasivo pensional podría alcanzar el 126,38% del PIB para el año 2100, un aumento significativo en comparación con el 84,12% proyectado en un escenario sin reforma, pero este pasivo “debería ser costeable” en la óptica del gobierno. Sin embargo, los análisis de ANIF han indicado que este pasivo podría representar hasta un 249% del PIB, con una participación del pilar semi-contributivo del orden de un 130.7%. Quizá este último punto sea el más álgido en la discusión de la reforma.

La discusión se centra principalmente en cual debe ser el umbral para que las personas coticen en el régimen de prima media. El gobierno argumenta que 3 SLMV permitirá garantizar la sostenibilidad del sistema, sin embargo, un reporte de la Universidad EIA señala que lo mejor es que se reduzca a 1 SMLV, buscando la sostenibilidad fiscal del pilar público en el largo plazo.

De acuerdo con el profesor Daniel Hoyos Nieto, experto actuarial y profesor del Programa de Ingeniería Financiera de la EIA, “el sistema se pensó para que una persona que ganara un SMLV hiciera aporte durante 22 o 25 años (1,150 o 1300 semanas) de manera continua o discontinua y después de alcanzar la edad de pensión viviera 8 años más; pero si la vida promedio aumenta, serían más de ocho años, por lo que los aportes ya no serían suficientes.”

De acuerdo con el reporte de la EIA, el pago de pensiones para 2.024 se estima en 100 billones, incluyendo los regímenes especiales. De este total, 25 billones salen del Presupuesto General de la Nación, mientras que 33 billones son recursos propios de las cotizaciones. Esto nos muestra que el principio de equivalencia colectivo o de equivalencia actuarial no se cumple hoy, ni se cumpliría ante una eventual reforma.

“Lo que estaría haciendo la reforma es endeudar a las generaciones que recién comienzan a ingresar al sistema, quienes tendrán que pagar más impuestos para poder sostener este gasto, porque lo que cotizan las personas en su vida productiva no es suficiente para el pago de su mesada pensional” enfatizó el profesor Hoyos Nieto.

Otro punto crítico en la propuesta de reforma es la creación de un fondo de ahorro, al cual se pasarán el 20% de los aportes del sistema de prima media, un porcentaje que aumentará progresivamente cada 10 años. Según argumenta el gobierno este fondo sería el mecanismo como se gestionaría el riesgo de tipo de interés o movimiento en el mercado de valores y a través de este mecanismo poder acceder a Títulos de deuda del Gubernamental, pero ¿Cómo se garantiza que este fondo no se convierta en una caja negra de la que se extraigan recursos sin control? ¿Cómo se garantizará el buen manejo de este fondo?, se pregunta el experto analista.

Los defensores de la reforma argumentan que es necesario asumir este desafío fiscal en aras de un sistema más justo y sostenible. Sin embargo, esta reforma podría tener un impacto descomunal en las finanzas del país, generando un pasivo pensional gigantesco en el largo plazo, teniendo en cuenta que el Estado se financia o bien con impuestos o bien con emisión de deuda.

“La reforma pensional plantea un dilema entre la equidad social y la responsabilidad fiscal. Si bien es necesario abordar las deficiencias del sistema actual, ¿es esta propuesta el camino correcto? El futuro de las pensiones en Colombia pende de un hilo, y es responsabilidad de todos los actores involucrados garantizar que ese hilo no se rompa”, concluye el experto Hoyos Nieto de la Universidad EIA.Oficina de Comunicaciones Universidad EIA

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